La trama de la toma del Parque Indoamericano tuvo ribetes trágicos y pareció, a todas luces, orquestada (de hecho, luego del anuncio de los gobiernos, se procedió a desocupar el predio sin ningún tipo de inconvenientes y con una celeridad llamativa). Más allá de las diferencias políticas que el gobierno nacional y el de la ciudad puedan presentar, era inaudito que no colaborasen uno con el otro para la solución de un conflicto que involucró armas, violencia, delitos, y hasta muertos.

El problema de fondo que desató el conflicto no es un tema desconocido ni propio de la clase social más empobrecida. Hace un tiempo, un vecino de Lugano (estudiante y empleado) se interesó por un edificio que estaban construyendo en Villa Soldati. Se dirigió al Instituto de la Vivienda de la Ciudad para consultar cuales eran los requisitos necesarios para obtener un crédito que le permitiera comprar uno de los nuevos departamentos. La primera respuesta de la institución fue que los departamentos señalados por el vecino no les pertenecían a ellos. No conforme con la respuesta, el vecino investigo por su cuenta y averiguó que dicha construcción sí estaba bajo la órbita de decisión del Instituto, por lo que regresó. Para su sorpresa como respuesta se llevó una confidencia del funcionario que lo atendió: “te soy sincero, si yo no le entrego las llaves al grupo de personas que viste afuera me van a armar un escándalo que perjudicaría mi trabajo. Intentá comprarles a ellos algún ambiente”. Esas personas a las cuales este hombre se refería pertenecían a diferentes organizaciones sociales que amagaban escarchar al instituto si no les entregaban casas a sus integrantes.

Esta es una anécdota más de las tantas que evidencian como nuestra sociedad se ha volcado al método del apriete, escrache o extorsión para conseguir resultados. Abiertamente, con esta intensión las personas que ocuparon el Parque Indoamericano con familias enteras (mujeres, niños y bebés incluidos) se “apoderaron” del lugar y esperaron que los políticos solucionen su situación. Querían un hogar y estaban dispuestos a conseguirlo de cualquier manera. En el medio del conflicto los discursos ideológicos hicieron estragos y cambiaron el foco del análisis.

Se habló de “xenofobia” como si el problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires fuera exclusivo de pobres e inmigrantes. En la actualidad, a una persona de clase media le resulta prácticamente imposible acceder a un crédito hipotecario. Por eso, la solución del déficit habitacional no es sólo construir casas y subsidiar a los que menos tienen. Como siempre, la toma de medidas para combatir el problema debe ser una tarea conjunta de los gobernantes de nuestro país. Y como siempre, los ciudadanos encontramos un circo mediático en donde debería haber respuestas políticas a los problemas de la sociedad.

El Parque Indoamericano se llenó de miles de personas con necesidades no resueltas (pero sospechosamente motivadas en “forma particular” a ocupar el predio y con presuntas promesas de punteros políticos que no dan la cara) el gobierno nacional y el de la ciudad discutieron responsabilidades y buscaron la manera de dar vuelta la tortilla y quedar mejor parados.

Luego comenzó a producirse un “efecto contagio” y se tomaron otros terrenos, la conducción política continuaba sin buscar una solución real al problema. Incluso el Jefe de Gabinete Anibal Fernández dudaba de que la toma sea ilegal, según sus propios dichos: “Ningún juez ni ningún fiscal dice que la toma es un delito”. Para el ministro las más de 13.000 personas que permanecen en el predio, que han instalado carpas y baños químicos y están siendo asistidas con agua, alimentos y atención médica; sólo se encuentran protestando y exigiendo una solución a su problema habitacional. Pero para el Código Penal “Cap. VI - Usurpación Art.181,.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años: 1) el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; 2) el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterarse los términos o límites del mismo; 3) el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble. Nota: texto conforme a ley 24454”. Por lo que no hace falta que un juez lo diga, lo que el letrado debe hacer es ordenar el desalojo del predio usurpado y no analizar la ilegalidad del mismo.

El gobierno nacional, además de manejar a su antojo y según sus preferencias políticas e ideológicas las fuerzas de seguridad, fue cuando menos irresponsable al expresar estas declaraciones en el contexto que se estaba viviendo. Se necesitaba una respuesta inmediata por parte de las autoridades de nuestro país. Los ciudadanos no deberían permitir que los desacuerdos ideológicos de sus gobernantes incentiven la anarquía.

Finalmente, el martes 14 de diciembre por la tarde, luego de una semana de conflicto, la dirigencia política tomó cartas en el asunto y se comprometió a buscar conjuntamente una solución definitiva al problema de viviendas. Además, en un intento de evitar futuros conflictos, anunció que todo aquel que “usurpe tierras y casas, quedará totalmente excluido de todo plan social”. Un poco de orden en tanto alboroto. ¿Algún día decidirán lo mismo con los que cortan calles frecuentemente?

Este es un gesto que se aplaude. Seguramente los políticos ahora buscarán sacar algún rédito o, al menos, no mostrarse debilitados por los hechos ocurridos. Mientras realmente se intente solucionar los problemas de la sociedad, las intenciones políticas quedan en segundo plano.   

Aunque lamentablemente, los problemas que quedan al desnudo ante eventos como este son mucho más profundos que la mirada periférica que los políticos de turno quieren darle. La falta de apego a la ley; la extorsión y el apriete como táctica para obtener beneficios; la costumbre de desacreditar la opinión diferente; la violencia verbal y física como arma para imponer “verdades”; los discursos capciosos; la permanente búsqueda de “culpables” en lugar de “responsables”; la justificación de algunas acciones y la descalificación de otras con la ideología como excusa; la trampa permanente (conocida por “viveza criolla”); etc,etc. La Argentina de hoy en día tiene un déficit mucho más grande que el habitacional o el económico, tiene un importante déficit educacional. Sería sensato que todos (políticos y ciudadanos) nos ocupáramos de él.