Un viejo sargento del cuerpo de suboficiales elige sin dudar las tareas administrativas para culminar sus últimos años dentro de la fuerza. Asegura que toda su vocación que vivió a lo largo de su carrera ha tocado su límite: “Hoy estoy atado a pies y manos si quiero intervenir en un quilombo. Si me meto es casi seguro que después termino con un sumario y si no me meto siento que no soy un policía”.

El poder de la Policía Federal ya no representa una autoridad para la sociedad argentina. Lejos de ser los encargados de imponer el orden, hoy se convierten en simples testigos de la barbarie que puede afectar en concentraciones violentas. Ya casi no hay vocación por ser miembro de esta fuerza de seguridad, ya que su figura cuenta con la imagen más desprestigiada dentro de las profesiones.

Lejos de ser previsores, la policía actual pareciera tener su misión principal en resolver los crímenes ya cometidos. El efecto CSI y todos los programas en donde los detectives trabajan desde las autopsias, provocan que en el día a día, los noticieros matutinos transmiten los operativos posteriores al crimen en donde con gran profesionalidad los técnicos toman huellas y elaboran hipótesis.

Desde el gobierno de Menem en adelante, el presupuesto para las fuerzas de seguridad ha bajado notablemente. Con la gestión kirchnerista, no sólo hubo recorte del gasto para esa área, sino que se inició con una etapa fuerte de cambios permanentes en la conducción de las fuerzas; cosa que deja hoy a la fecha pocos experimentados para llevar a cabo esas organizaciones.

El 10 de diciembre de 2010 el gobierno nacional no pudo esquivar las críticas al punto más flojo de su gestión referido a la inseguridad en los principales centros urbanos del país. Para ello, Cristina Kirchner, decidió crear el Ministerio de Seguridad, una cartera que antes dependía de Justicia y que estaría a cargo de la controvertida Nilda Garré, ex ministra de Defensa.

Nueve días más tarde, en las vísperas de un nuevo aniversario de la represión en Plaza de Mayo que significó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, la flamante ministra realizaba un anuncio que generó una gran polémica: Se prohíbe a la Policía Federal portar armas de fuego durante manifestaciones callejeras.  El vocero de la fuerza, comisario mayor Sebastián Seggio aclaraba que la medida impedirá “la infiltración de gente y se evitarán dudas sobre el origen de los disparos”.

Con el nuevo ministerio también se vivió un momento tenso con la toma del Parque Indoamericano. Sorprendentemente más de un centenar de personas decidieron dividir parcelas en un espacio público y exigir al estado mediante esa extorsión, el acceso a nuevas viviendas. Tras una resolución judicial de liberar el parque, la policía federal jamás acató orden y traslado el debate sobre las competencias de esa fuerza en la Capital Federal y las que le corresponden a la nueva Policía Metropolitana de Macri. La solución que llegó luego de varios días de una especie de anarquía donde hubo muertes y actos de violencia entre vecinos y okupas, fue tras consensuar la Nación y la Ciudad, un plan que le prohibiría a los usurpadores la posibilidad de acceder a planes sociales y de vivienda. Las fuerzas de seguridad, totalmente aisladas de un conflicto que debería haber sido el pilar de una solución para evitar tantos incidentes.

La política se metió de lleno en las fuerzas de seguridad. Actuar significa quedar expuesto a una tragedia electoral. De la Rúa tuvo sus muertos en Plaza de Mayo. Duhalde a sus Kosteki y Santillán en el Puente Avellaneda. Sobisch a su maestro Fuentealba. Un oficial con un arma puede tirar a la borda toda una gestión.  Por eso está la decisión de Garré; no se trata de una nueva fuerza amigable, sino de evitar cualquier contratiempo político. Y en medio de ese desarmamiento del agente y de los constantes sumarios, queda desmantelada la institución que debe velar por el orden en la sociedad.

La policía pecó demasiado tiempo de impunidad y hoy está cargando con las culpas de un manejo cuasi mafioso. La imagen completamente desprestigiada, en lugar de ser renovada, se la corre a un rincón, se la ata de manos y solo pide que observe. Pareciera que tratara de imitarse a la fallida Guardia Urbana; la fuerza creada por Aníbal Ibarra creada en 2005 y disuelta en diciembre de 2007 por poco útil. Los agentes andaban desarmados intentando intervenir en delitos menores.

El primer pilar en la búsqueda de una solución de la inseguridad es la educación, tanto de la sociedad como de los miembros de las fuerzas armadas. Desarmando a las fuerzas no repercutirá de ninguna manera en la baja de delitos, sino todo lo contrario.